La jueza amplía otros seis meses la investigación del caso Negreira y fija el 10 de abril como próxima fecha clave
La magistrada que instruye el denominado caso Negreira ha acordado prorrogar seis meses más la fase de investigación, de forma que el procedimiento seguirá abierto al menos hasta septiembre de 2026.
Una instrucción que se estira tres años después de estallar el escándalo
La nueva ampliación del plazo llega cuando se cumplen tres años desde que el caso saltó al primer plano informativo en febrero de 2023, a raíz de las informaciones sobre pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, entonces exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
En ese momento, las primeras cifras publicadas situaban los pagos investigados en torno a 2,1 millones de euros en el tramo 2016-2018, antes de que la investigación y la documentación aflorada elevaran el total a 8,4 millones entre 2001 y 2018.
Pese al tiempo transcurrido, el asunto continúa en fase de instrucción, sin una fecha fijada para la apertura de juicio oral. La jueza Alejandra Gil Lima, que asumió la causa en febrero de 2025, ha justificado la prórroga en la necesidad de completar diligencias que considera relevantes para cerrar la investigación.
Qué investiga el juzgado: Pagos, documentación y presuntos delitos
El núcleo del procedimiento gira en torno a los pagos del Barça a empresas vinculadas a Enríquez Negreira y a su entorno durante casi dos décadas. La operativa de facturación y el volumen global de pagos estaban por encima de 7,5 millones en el periodo 2001-2018, según la documentación.
Así como importes recurrentes mensuales y conceptos que hoy siguen siendo objeto de análisis en sede judicial. Además, el caso ha ido acumulando testimonios y versiones contrapuestas sobre el supuesto objetivo de esos pagos.
En diciembre de 2025, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, declaró como testigo y defendió que el club habría recibido hasta 600 informes vinculados al asesoramiento arbitral, mientras los exentrenadores Ernesto Valverde y Luis Enrique negaron haber utilizado o incluso haber conocido esos materiales.
El procedimiento también ha tenido giros relevantes en instancias superiores. En mayo de 2024, hubo decisiones judiciales que afectaron a la calificación penal en la causa y de nuevas líneas de investigación relacionadas con el destino del dinero, en un contexto en el que el caso seguía abierto y en evolución.
El 10 de abril: el Barça como persona jurídica y Carlos Naval, citados a declarar
Con la prórroga ya aprobada, el calendario vuelve a subrayar la fecha de 10 de abril. Ese día están citados a declarar el Barcelona como persona jurídica y su delegado, Carlos Naval, en diligencias solicitadas por el Real Madrid, personado en la causa como acusación particular.
La comparecencia del club como persona jurídica se articula a través de la persona designada para representarlo en el procedimiento. En octubre de 2025, la jueza fijó la declaración del Barcelona como investigado a través de Elena Fort como representante del club en las actuaciones.
En este punto, el testimonio de Naval se interpreta como una pieza potencialmente útil para aclarar la trazabilidad de determinados informes y documentos internos. En 2024, el club situó en Naval la custodia de dossieres atribuidos a Negreira Jr., dentro del intercambio de documentación remitida a los investigadores.
Nuevos documentos y el frente deportivo: LaLiga y la UEFA siguen el caso
En el plano probatorio, la instrucción se alimenta también de nueva documentación bancaria. En enero, el juzgado recibió cheques y documentos aportados por siete entidades (entre ellas Sabadell, Santander, BBVA o Caixabank) sobre pagos relacionados con el periodo investigado, incorporando transferencias, pagarés y cheques asociados a sociedades vinculadas a Negreira.
Y mientras el procedimiento avanza en los tribunales, el caso conserva derivadas deportivas e institucionales. En febrero de 2023, la Comisión Delegada y los clubes afirmaban rechazar y repudiar los hechos conocidos entonces y señalaban que trabajarían para esclarecer posibles irregularidades de carácter deportivo o de cualquier otra índole.
En el ámbito internacional, la UEFA abrió en marzo de 2023 una investigación por una posible vulneración de su marco normativo en relación con el caso. Ese primer paso podía desembocar en sanciones deportivas, incluida la exclusión de competiciones europeas en determinados escenarios.
